En las últimas horas, el candidato presidencial Rodolfo Hernández reveló cuáles serían los primeros cuatro decretos que emitiría en caso de llegar a la Casa de Nariño.
Hernández se ha caracterizado por ser enfático en que su objetivo principal será erradicar la corrupción y sacar del entorno público a quienes se han robado los recursos del estado, por ello asegura de que llegar a nombrarse presidente de Colombia eliminaría las Consejerías Presidenciales, que según varios sectores políticos se han convertido en verdaderos fortines burocráticos, teniendo en cuenta que muchos de esos cargos son ocupados por amigos del mandatario de turno.
El segundo acto legislativo está relacionado con la eliminación de los carros que tienen asignados los congresistas y varios altos funcionarios del Gobierno. “A partir de la fecha, se suspende de manera indefinida la operación y funcionamiento de los vehículos y demás equipos destinados al uso de los senadores y representantes a la Cámara, que no son indispensables para el buen desempeño del servicio público a cargo de los Congresistas de la República”, señala la propuesta de decreto.
De igual forma, Rodolfo Hernández plantea que restablecería relaciones con Venezuela y eliminaría varias embajadas y consulados en algunos países que no serían muy estratégicos para Colombia, como Argelia, Australia, Austria, Bolivia, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Ghana, Hungría, Indonesia, Jamaica, entre otras.
Y finalmente, el aspirante presidencial asegura que suprimiría de forma temporal el uso de varios bienes que están en poder del Estado por parte de algunos altos funcionarios, empezando por el presidente de la República, la Primera Dama, ministros, entre otros.
“A partir de la fecha, se suspende de manera indefinida la operación y uso de la flota de aviones, helicópteros, vehículos y demás equipos destinados al uso del Presidente, Vicepresidente, Ministros, Primera Dama y demás altos funcionarios del Estado, mientras que el Despacho del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en el término improrrogable de treinta (30) días calendario, presentará el resultado del estudio de conveniencia para determinar el destino que tendrán esos equipos innecesarios y cuyo uso y funcionamiento no son indispensables para la Seguridad Nacional y el buen desempeño del servicio público a cargo de los respectivos funcionarios”, sostiene la propuesta.